UOC Ciudades

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Blog del Máster oficial de Ciudad y Urbanismo

Derecho, legalidad y oportunidad

1 Mayo, 2013

¿Los escraches promovidos por la Plataforma de Afectados por la Hipoteca (PAH) son ejercicio de un derecho, es decir, son una acción legal? Seguramente sí que lo son, por lo menos esta es la opinión mayoritaria de jueces y juristas y, sobretodo, lo demuestra la voluntad del gobierno español de reprimirlo y busca subterfugios para hacerlo. Evidentemente que si es una acción permitida por la ley se puede exigir no solo que no se reprima, sino que, si es un derecho, se debe proteger su ejercicio.

Pero aunque no se pueda considerar un derecho, aunque se modifique el código penal para especificar que practicarlo es un delito, hay que considerarlo un acto social legítimo. A pesar de lo que digan las leyes de un Estado de Derecho que protege a los ricos contra los pobres, a los especuladores contra los trabajadores, a los banqueros contra los desahuciados. Es legítimo escrachar a los responsables de la miseria y del sufrimiento de decenas de miles de familias que han perdido la vivienda, un derecho reconocido por la Constitución, de centenares de miles de persones endeudadas de por vida por el comportamiento delictivo de los responsables del sistema financiero, de millones de personas sin trabajo y sin recursos por culpa de las políticas que han favorecido a los especuladores y han provocado la indefensa de los trabajadores, como por ejemplo mediante la reforma laboral.

Denunciar a banqueros y a sus sicarios como “criminales” cuando hasta provocan el suicidio de ciudadanos decentes, es un derecho básico, digan lo que digan las leyes. Denunciar a los políticos cómplices que aprueban las leyes que facilitan conductas delictivas y que dan apoyo al gobierno que toma medidas en contra de la mayoría de los ciudadanos y en favor de minorías privilegiadas e inimputables, no solo es un derecho, es una obligación cívica. Las acciones criminales y la complicidad necesaria son actos de personas, no de entidades abstractas, que se llaman parlamentos, gobiernos o consejos de administración. Hay que denunciar a los “delincuentes”, hoy nadie niega que los banqueros hayan cometido fraude, engaño, comportamiento indigno, abuso de confianza, apropiación indebida y otros delitos y faltas. Y los políticos han aprobado leyes que ahora los tribunales europeos han considerado contrarias al Derecho, han aplicado medidas favorables a los delincuentes y en muchos casos se han beneficiado personalmente de su complicidad con los banqueros y grandes empresarios favorecidos por ellos mismos.

La  Plataforma de Afectados por la Hipoteca (PAH) y en general los ciudadanos tienen el derecho de denunciar a los criminales que nos han llevado a esta situación. No se trata de políticas equivocadas que han demostrado ser nefastas, se trata de un comportamiento claramente culpable, en contra de los derechos de la mayoría y en contra de las leyes; han abusado del poder y de la confianza de la ciudadanía. Gobernantes y diputados, responsables de organismos públicos (como el Banco de España) y de las entidades financieras se han beneficiado del robo probablemente más enorme que se ha producido jamás en nuestro país. ¿Y ahora se quejan de que se los denuncie cuando deberían estar todos en la cárcel?

Los escraches son una acción ciudadana que reclama justicia y por eso hay que denunciar a los que han provocado tantas injusticias y han actuado individualmente y mediante redes de complicidad. Los que han promovido los escraches han denunciado por todos los medios pacíficos, en el Congreso de diputados y en la calle, en los medios de comunicación y en multitud de actos públicos. Actúan a la luz pública y no se pueden conformar en denuncias abstractas. Sus perjuicios son muy concretos y las acciones que los han provocado tienen nombres y apellidos. Es justo y necesario señalar públicamente a los responsables, es una medida higiénica para hacer posible la convivencia, como lo es la exigencia de mantener permanentemente la memoria histórica. Ahora se trata del presente, hay víctimas y criminales, y gente que lucha para que haya justicia, que se repare el mal y que no vuelva a pasar. Es hora de hacer justicia. El gobierno y la casta política gobernante están con la injusticia.

Sobre los escraches tengo solo una duda, la de su eficacia según como se practique, se puede volver incluso en contra de las víctimas. El precedente de los escraches que se practicaron en Argentina especialmente por parte de los “Hijos”, fue un éxito rotundo, tuvo un gran apoyo social y una neutralidad a menudo positiva de gobiernos e incluso de muchos medios de comunicación. No generó rechazo prácticamente en ningún lugar, nadie se quería poner a favor de criminales y torturadores que habían hecho “desaparecer” a más de 30.000 personas en poco más de 5 años. He defendido siempre el “derecho a la ilegalidad” cuando se reclaman derechos legítimos y más aun defendería los escraches que no son ilegales y son justos. Pero este tipo de acciones para ser eficaz requiere un alto nivel de apoyo social. Es necesario que los denunciados sean considerados socialmente “criminales”, es decir directamente responsables del mal que han provocado a centenares de miles de persones. Tengo la impresión que en nuestra sociedad hay consciencia del mal que han hecho, pero no lo acaban de personalizar en nombres y apellidos. Parece ser más oportuno, tal vez, denunciarlos en las puertas de las instituciones políticas y de las entidades bancarias o patronales y no en su entorno familiar que se presta a una utilización demagógica por parte de la casta gobernante y de la gran mayoría de los medios de comunicación.

Jordi Borja, 1 mayo 2013

Sobre el autor

Profesor Emérito y Presidente del Comite Académico del Máster Universitario de Ciudad y Urbanismo de la Universitat Oberta de Catalunya (UOC). Doctor en Geografía e Historia por la Universidad de Barcelona y Geógrafo urbanista por la Université de Paris-Sorbonne. Ha ocupado cargos directivos en el Ayuntamiento de Barcelona y participado en la elaboración de planes y proyectos de desarrollo urbano de varias ciudades europeas y latinoamericanas. Fue Presidente del Observatorio DESC (derechos económicos, sociales y culturales). Website
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