¿Dónde quieren los ciudadanos invertir su dinero?

La respuesta parece obvia. Si alguien, en nombre la administración municipal, llamara a nuestra puerta y le entregásemos 6.000 Euros, por ejemplo, en un sobre, la más mínima responsabilidad ética nos obligaría a preguntarle donde iría a parar ese dinero y como nos podríamos enterar de su recorrido y de que, efectivamente, llegase a su destino.

Sin embargo, cuando los ciudadanos contribuimos con nuestros impuestos nos olvidamos casi completamente de su recorrido. ¿Por qué tenemos un desconocimiento tan absoluto de como se confecciona el presupuesto público? ¿De las partidas que contiene? ¿De las posibilidades de cambiar unas partidas u otras? La respuesta fácil sería atribuir dicha situación a la clara voluntad de opacidad de la administración, de las instituciones o del poder. Sin duda, gran parte de responsabilidad tiene, pero creo que no sería justo atribuírsela toda.

A principios del siglo XX, Lady Jersey, una de les líderes de la Women’s National Anti-Suffrage League, pronunció su célebre frase “No pongáis sobre nosotras esa carga adicional”, para tratar de impedir el acceso al voto de las mujeres. A principios del siglo XXI, parecía que muchos ciudadanos pensaban que no parecía razonable asumir la carga adicional de decidir sobre el destino de sus recursos. Sin duda, muchos políticos estarán encantados que dicho pensamiento estuviese sólidamente instalado en amplios sectores de la ciudadanía.

Sin embargo, llega la crisis y nos ponemos las manos a la cabeza al constatar las prioridades de inversión de tal o cual gobierno. Los recortes de aquí y de allá. Y empieza a evidenciarse la necesidad de saber más, de controlar más el uso de los recursos públicos. Por ello, quizás ha llegado la hora de dar un impulso decidido al rol ciudadano, a su participación en el desarrollo de una nueva economía urbana.

No se trata de deslegitimizar la democracia parlamentaria ni a los representantes políticos. Se trata solo de avanzar. Sin duda, una democracia avanzada debe seguir la tendencia que marca su propia historia: desde la democracia clásica donde sólo votaban los ciudadanos, los hombres libres-, a las democracias burguesas –donde votaban los burgueses-, hasta la no muy lejana ampliación del derecho de voto a las mujeres o, aún más recientemente, a los negros –en Estados Unidos en ¡1965!, la tendencia ha sido a ampliar el derecho a voto, superando miedos y legalismos conservadores.

La democracia no puede avanzar si no es a través de mayor transparencia y mayor reparto del poder (aunque posteriormente éste se delegue), no puede modernizarse si no incorpora procesos participativos (un proceso participativo que, para que pueda considerarse así, debería contemplar como mínimo los siguientes ingredientes: información, deliberación, votación, influencia y evaluación. Cuando todas ellas se cumplen, se configura un círculo donde siempre se vuelve a empezar, tal y como sucede con en el ciclo electoral).

Sin embargo, esta clara convicción no nos evita constatar, al mismo tiempo, la existencia de grandes barreras que dificultan el avance de este tipo de procesos, especialmente, en las democracias menos modernas. Por ello, hay que avanzar paso a paso: hay que superar barreras mentales (miedo al desorden, a la pérdida de poder, al descontrol… ), barreras ideológicas (“la gente no puede decidir”, “no tiene la información”, “ni la debe tener”) típicas de corrientes democráticos ilustrados y aristocráticos y, finalmente, las propias barreras técnicas y operativas de implementación de un proceso de presupuesto participativo (logística, temporalidad, espacios de deliberación, fractura digital, etc.).

Por ello, cabría empezar por el primer paso: información y transparencia a los ciudadanos sobre el presupuesto público. Ciertamente, se podría considerar la propuesta poco atrevida, pero hay que remarcar que, para conseguir este primer paso, debería conseguirse el requisito más difícil: un amplio consenso político y social. Una vez conseguido, el desarrollo del resto de fases –deliberación, votación, influencia y votación- sin duda, sería mucho más fluido.

Finalmente, para conseguir que los ciudadanos puedan opinar sobre el destino de sus propios recursos, es necesario una clara dirección estratégica del proceso, yendo de menos a más, con prudencia y trabajando para alcanzar la máxima legitimación por parte de todos los actores. Una vez conseguido y consolidado, el presupuesto participativo contribuiría, sin duda, a supervisar y controlar todo el circuito del presupuesto público. Y con ello, la ciudadanía, los políticos y los directivos públicos, tendrían un instrumento más para combatir el despilfarro y la corrupción de aquellos a los cuales, seguro, nunca les ha interesado preguntar a los ciudadanos donde querían invertir su dinero.