UOC Ciudades

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Blog del Máster oficial de Ciudad y Urbanismo

Políticas publicas de seguridad como instrumento de transformación social? (I)

9 Noviembre, 2015

(En memoria de los 43 estudiantes de Iguala)

Durante los meses de  junio, julio y agosto del año pasado tuve el privilegio de compartir un largo debate en un espacio docente (Seguridad Ciudadana: teoría, políticas y gestión.), con un nutrido grupo de compañeras y compañeros de diferentes universidades mexicanas.

Durante esos meses tuvimos la oportunidad de abordar algunos temas complejos, como la participación ciudadana en la definición de las políticas públicas de seguridad y orden público.

Tan sólo unos días después de haber finalizado nuestras clases, durante la noche del 26 al 27 de septiembre, 43 estudiantes de magisterio que se manifestaban en la ciudad mexicana de Iguala, en el estado de Guerrero, fueron detenidos, torturados, y hechos desaparecer por un  grupo de sicarios con la colaboración de la policía local, por orden del alcalde del municipio, José Luis Abarca y su esposa y de su esposa María de los Ángeles Pineda.

Quisiera recuperar un resumen de las conclusiones de nuestro último debate del curso, que iniciábamos así:

Hola a tod@s, con mayor o menor acierto, convenimos en que, para establecer políticas públicas de seguridad o contra la inseguridad, es importante la participación
ciudadana.

Cierto es que la convención suele devenir en discusión –generalmente agria- cuando tratamos de aclarar o definir que significa participación ciudadana, como se implementa un plan de participación ciudadana, cuales son los mecanismos concretos y reales de participación y, finalmente, que nivel de decisión se otorga a la ciudadanía en esa toma de decisiones.

Si, en la generalización sobre la inseguridad, resulta complejo el acuerdo sobre participación, me gustaría plantearles un debate al respecto de la participación (ciudadana) pero centrada en (…) políticas (…) específicas decontrol del orden público.

Para (…) contextualizar, les voy a recomendar que repasen la prensa mexicana sobre los últimos acontecimientos en los estados de Guerrero y Morelos y también la lectura de un par de posts del blog del programa de  ciudad y urbanismo de la UOC.

La pregunta inicial de debate (es): ¿Piensan que debe establecerse mecanismos de participación ciudadana en el establecimiento de políticas públicas de seguridad en materia de orden público?”

En el debate mis compañeros expresaron algunas opiniones muy interesantes entonces, pero que ahora, después de los acontecimientos de Iguala leo con otra mirada, y  que resumí de la manera siguiente:

Cuando hablamos de seguridad y orden público, lo primero que debemos definir son algunos conceptos. Lo cierto es que, en términos generales, se suele incluir bajo el mismo concepto, la inseguridad relacionada con el delito y con el orden público.

Evidentemente son conceptos que responden a causas no sólo diferentes, sino que en muchas casos son excluyentes por más que desde el poder se trate de no separar amboscampos. Desde un punto de vista teórico no sólo es posible, sino también necesario, cambiar su relación con la inseguridad ciudadana, puesto que se trata de una problemática vinculada a la gestión del conflicto social.

No tuve en cuenta que podía surgir, en el mismo espacio temporal, en el mismo momento y lugar, un problema der orden público en el cual el delito y el conflicto social se encontrasen frente a frente y en el cual el crimen representaba al poder gubernamental sin que se hubiera establecido ningún tipo de sistema de control que pudiera frenarlo.

Esta violenta realidad me hace plantearme una revisión de los parámetros clásicos de la teoría de las políticas públicas que suelen aplicarse a los problemas de inseguridad y, si esto es afirmativo, ¿hasta que qué punto son posibles políticas públicas de seguridad en materia de orden público? Dicho de otro modo: ¿Son estos planteamientos válidos para cualquier sistema político que se presente en sus leyes fundamentales, como garante del estado de derecho?

El desarrollo del estado de derecho contemporáneo está ligado al desarrollo del modelo de globalización que estamos viviendo desde el último tercio del pasado siglo XX. Lo que se inició como un modelo de división internacional del trabajo (y de la producción) en los últimos años de la guerra fría, ha evolucionado hacia un sistema global de producción y consumo, aún por madurar.

En esta coyuntura, las estructuras del estado liberal clásico se están debilitando cuando no desvaneciendo, sino en su apariencia (hay parlamentos que legislan, ejecutivos que gobiernan y sistemas judiciales que juzgan) sí en sus funciones originarias esenciales (hay deslocalización del poder legislativo, ejecutivo y judicial, hacia órganos y entes supranacionales con un déficit democrático evidente, y algunos otros, como el TTIP, manifiestamente antidemocráticos.

En esta transición, la disociación de la ciudadanía con los valores del pacto social originario y de aceptación de las normas de convivencia rusonianas de  nuestro estado de derecho moderno, es más que evidente. Y lo que es más que evidente todavía es que el estado de derecho y los mecanismos de protección de los derechos fundamentales de las ciudadanas y ciudadanos, fue una conquista y no una concesión.

La cuestión esencial, ahora, es que las estructuras de estado vigentes cumplen funciones para las que, en muchos lugares,  ya no tienen competencia al haber sido éstas delegadas, diferidas o usurpadas por o hacia otros entes que no se rigen por los mismos parámetros de representación de la ciudadanía y en los que los principios democráticos son más un freno que un valor de convivencia.

Una prueba de la fragilidad de esa garantía de los derechos ciudadanos y de la desafección popular la tenemos en el caso de los 43 estudiantes de Iguala, que creyeron que la protesta pacífica y la libertad de expresión estaban garantizadas por el estado de derecho.

Nosotros, a pesar que la realidad hace tiempo que nos avisa, también lo creíamos durante el debate.

Sobre el autor

Profesor colaborador en la asignatura Ciudad, inseguridad y conflicto del Máster Universitario de Ciudad y Urbanismo. Licenciado en Historia General y Geografía, y máster en Política criminal y servicios sociales. Departamento de Interior, Generalitat de Catalunya. Linkedin
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