Barcelona y la inseguridad: escondiendo el polvo bajo la manta

14 agosto, 2019 Foto: Matthew Henry / Unsplash

Versió en català

Las páginas de los medios, las tertulias y las redes sociales se han ido llenan de titulares, noticias y rumores relacionados con el insoportable nivel de inseguridad en Barcelona. Meses antes de las últimas elecciones municipales , hacia el mes de septiembre de 2018 , el disparo de salida lo dio Manuel Valls con su discurso securitario para hacer frente al crimen en la ciudad.

Semanas después la alcaldesa Colau y sus asesores habían tenido el primer susto con la realidad , el  Ómnibus Municipal de diciembre de 2018 señalaba que la ciudadanía percibía la inseguridad como el mayor problema de la ciudad con 21 puntos , 9 puntos por encima del segundo problema percibido: el acceso a la vivienda, que se valoraba con 12,1 puntos. Para arreglarlo aún más, en el último barómetro de junio de 2019 la percepción sobre la inseguridad sigue como primer problema ciudadano, con 27,4 puntos , 6 puntos más que en diciembre de 2018, es decir 15 puntos de incremento en un año y medio.

El ‘Ómnibus refleja sólo el estado de opinión . No tiene en cuenta, como sí hace la Encuesta de Victimización , el recuerdo espontáneo sobre los delitos que ha sufrido la ciudadanía, el eje subjetivo de la ecuación ; y tampoco recoge los hechos penales conocidos por los cuerpos policiales actuantes en la ciudad, que serían el eje objetivo de la misma.

La construcción social del estado de opinión de la ciudadanía sobre lo que los anglosajones llaman miedo al crimen , siempre se fundamenta en el binomio de estos dos ejes.

La encuesta de victimización 2018, puso de manifiesto el empeoramiento de algunos de estos datos e indicadores esenciales sobre la inseguridad: incremento en 5 puntos del índice global de victimizatció ; crecimiento continuado del índice de delitos conocidos ; y estancamiento del índice de denuncia ; y empeoramiento de la percepción de la seguridad respecto del año 2017; y del índice de convivencia en barrios, con una mejora escasa (0,4 décimas ); y, finalmente y el crecimiento de los delitos conocidos.

Si ya era destacable el incremento de cerca del 22% de las cifras de hechos penales conocidos en la ciudad, en el sexenio, 2013 al 2018, el incremento interanual 2017/2018 se ha situado en cerca del 15%, pasando de los 189.419 hechos penales a ls 222.700.

Por si estos datos no fueron preocupantes, en Cataluña el grueso de los delitos conocidos se corresponden a pequeños delitos y hurtos (41,11%) ; en Barcelona, estos delitos representan el 59,76% sobre el total ; y en los distritos turísticos de la ciudad (el Eixample y Ciutat Vella) representan el 79,94% sobre el total en estos dos distritos 

Había que poner manos a la obra. El 15 de junio Ada Colau fue reelegida alcaldesa de Barcelona en coalición con el PSC y con el apoyo de tres concejales de la candidatura Valls / Ciudadanos. 

El 21 de junio, justo 6 días después de la constitución del Ayuntamiento, se hacía pública una gran operación conjunta policial (GUB, CME y CNP ) en el que participaron alrededor de 1000 agentes , contra una mafia paquistaní que controlaba el tráfico y la venta de droga en el Raval y se anunciaba a los cuatro vientos el desmantelamiento total del tráfico de drogas en el barrio, y que los medios pudieron seguir prácticamente en directo. La Vanguardia lo anunciaba en primera plana 

Esta fue la respuesta institucional, y primera medida, al empeoramiento de la situación de la seguridad en la ciudad que venían denunciando los partidos políticos en campaña.

Finalmente, sin embargo, no se trataba más que de promesas incumplidas. Dando un vistazo a la hemeroteca se puede comprobar que la actividad policial por control del narcotráfico se ha centrado, de manera recurrente, en la presión sobre los barrios, trasladando el problema a otros territorios:

El año 2018 se producía un operativo similar contra la mafia dominicana ; el año 2017 la prensa informaba sobre las actuaciones contra el narcotráfico en el Raval; el año 2015 la prensa avisaba sobre los operativos policiales y las quejas de los vecinos de la Mina ; el año 2009 contra un a red de paquistaníes anterior al actual; el año 2005 se repetían noticias muy parecido s a las de los años de 2017, 2018 y 2019 ; etc. 

Se trata de operativos reactivos que responden a presiones políticas, con mucho de ruido y resultados discretos y con el consiguiente traslado del problema (venta y consumo minorista) a zonas menos monitorizadas de la ciudad, confirmando lo que ya sabíamos: que el negocio de la droga, como la materia, no se destruye, se traslada .

Hacia qué barrio se derive el consumo y el comercio de la droga, da igual. La evolución en los próximos meses de las cifras de hurtos y depredaciones en los barrios turísticos de la ciudad, nos indicarán qué efectos ha tenido este operativo en la seguridad general de Barcelona. 

Las cifras provisionales sobre la inseguridad en lo que va de año parece que no mejoran , i los responsables políticos de la inseguridad ya han decidido la estrategia. Ante la evidencia de que la ciudadanía sitúa la inseguridad como principal problema de la ciudad, en lugar de propuestas de políticas y acciones preventivas , se proponen políticas reactivas : más policía, más operativos contra el top manta, más presencia en las calles, más aspavientos, más comedia, fijando el foco de la política de seguridad, con un argumentario sencillo con dos ejes principales: repatriar a los menores no acompañados y erradicar la venta ambulante en la calle

Las medidas que se tomen no rebajarán el número de hechos delictivos de manera significativa a menos que baje la demanda, y tampoco harán decrecer el tráfico y el consumo de drogas. Como tampoco impedirán las ocupaciones mafiosas de viviendas escandalosamente vacías en el territorio, y mucho menos que niños y adolescentes huidos de los países se instalen en Barcelona o en la periferia de la ciudad. En todo caso conseguirán reconstruir el viejo discurso reaccionario de miedo ciudadano a la inseguridad de hace dos décadas atrás.

 

El territorio, la población y el turismo

Los datos manifiestan un progresivo incremento de las cifras que conforman los índices sobre la inseguridad en la ciudad desde hace lustros, poniendo en evidencia que, a lo largo de los años, se han mantenido las mismas políticas públicas de seguridad sin tener en cuenta que la inseguridad es dinámica y se construye con otras variables.

Los datos se solapan en un territorio y en una población concreta. Las tasas sobre criminalidad, pese calcularse sobre la población de derecho, deben tener en cuenta la población flotante o de hecho, y en nuestro caso, especialmente, el turismo de carácter masivo. 

Calcular el número de turistas no es nada sencillo. Para poder establecer un cálculo más determinante, haría falta tener datos sobre las pernoctaciones informales (vivienda turística no oficial, etc.), o las que se produzcan en otras ciudades o zonas turísticas del territorio. Tenemos, sin embargo, algunos datos que pueden servir de indicadores generales para utilizarlos en estos cálculos que pueden tener una incidencia importante sobre la inseguridad. 

En la ciudad, hemos pasado en 20 años, de ocho a veinte millones de pernoctaciones turísticas, y en un periodo similar, hemos pasado de seiscientos mil a dos millones de cruceristas .

El modelo de turismo de masas y el proceso de gentrificación que éste ha generado, ha sido uno de los principales responsables del incremento de los precios de alquiler y de la consiguiente presión inmobiliaria en los barrios. Este modelo extractivo es responsable de las expulsiones de vecinas y vecinos de sus hogares, del abandono de los edificios, de la transformación de la vivienda en HUT’s y hoteles, y de las ocupaciones mafiosas (sin k) transformadas en narcopisos , en ocasiones con el beneplácito de la propiedad. 

Se trata de un modelo de turismo que atrae un segmento importante de visitantes de alto poder adquisitivo que vienen a la ciudad a consumir: eventos culturales, gastronomía, moda, comercio, pero también que demandan otros artículos de consumo menos amable s , como el alcohol , las drogas o la prostitución . Y que ejercen esta presión demográfica en zonas históricamente estigmatizadas, como es el caso del Raval o la Barceloneta. 

La demanda dispara los precios de las viviendas, pero también del alcohol y de las drogas, incrementando el mercadeo en la calle, los riesgos de obtener productos de peor calidad y el conflicto con el vecindario.

Este modelo, expone a la población visitante en el tiempo (horarios fijos) y en el espacio (barrios con demanda turística, genera más oportunidades para los hurtos y las depredaciones) ante la falta de políticas preventivas y reguladoras del número de visitantes que un espacio, un barrio o una ciudad puede asumir, y tiene efecto llamada sobre la pequeña delincuencia (y sobre la gran delincuencia y sus plantillas de empleados) debido a las posibilidades de negocio que esta situación ofrece. 

Podemos establecer una cierta correlación entre el incremento de turistas y cruceristas en la ciudad y el incremento durante los últimos 3 años de los hurtos en los barrios especialmente turistizados, y se trata de una correlación mucho más factible que la de atribuir a menores y manteros la causalidad de la inseguridad en Barcelona. 

Los principios de proximidad y territorio aireados como solución a los problemas de la inseguridad, que se plantearon en la reforma de la GUB del 2016 , quedaron absolutamente superados por la proliferación (no prevista?) De ocupaciones (sin k) de viviendas vacías por grupos mafiosos; por la absoluta falta de previsión de las administraciones responsables con los menores no acompañados ; por los efectos que la llamada del turismo masivo está haciendo sobre la delincuencia; por el modelo de ciudad que convierte la vivienda en un producto para a la especulación ; y por la tolerancia con las mafias que lavan sus beneficios invirtiendo en inmuebles, o que dirigen sus negocios desde los hoteles de la ciudad (o desde un barco amarrado en alguno de los norays del Port Vell).

El incremento de estas cifras tiene poco que ver con la llegada de menores no acompañados y con la actividad de los manteros. 

Que a respuesta policial (que ha sido, es y será reactiva) tiene pocos efectos sobre la delincuencia de calle de la ciudad, es una evidencia. Lo hace patente la propia evolución de los datos estadísticos, donde se mantiene un volumen constante de delitos en la ciudad por encima de los 150.000 hechos penales conocidos desde hace 10 años.

Cierto es que determinados instrumentos jurídicos (como el encausamiento por multirreincidencia) ayudaron a mejorar la situación cuando se aplicó, pero no dejan de ser instrumentos reactivos que dependen de la práctica jurídica y de la jurisprudencia y no de la voluntad de la policía. 

Es una obviedad que se necesitan más recursos, pero que la situación actual esté relacionada con el incremento de población flotante en la ciudad, empieza a tener verosimilitud.

A pesar de algunas obviedades, el discurso securitario resulta falaz, reaccionario y es absolutamente ineficiente. Sus propuestas nos acercan al viejo recurso a la tolerancia cero del pasado. No soluciona nada , pero resulta muy eficaz para incrementar el miedo ciudadano y la perspectiva de buenos resultados electorales.

Versión en castellano

Barcelona i la inseguretat: amagant la pols sota la manta

Les pàgines dels mitjans, les tertúlies i les xarxes socials s’han anat omplin de titulars, notícies i rumors relacionats amb l’insuportable nivell d’inseguretat a Barcelona. Mesos abans de les darreres eleccions municipals,  cap el mes de setembre del 2018, el tret de sortida el va donar Manuel Valls amb el seu discurs securitari per fer front al crim a la ciutat.

Setmanes després l’alcaldessa Colau i els seus assessors havien tingut el primer ensurt amb la realitat, l’Òmnibus Municipal de desembre de 2018 assenyalava que la ciutadania percebia la inseguretat com el major problema de la ciutat amb 21 punts, 9 punts per sobre del segon problema percebut: l’accés a l’habitatge, que es valorava amb 12,1 punts. Per arreglar-ho encara més, en el darrer baròmetre de juny de 2019 la percepció sobre la inseguretat segueix com a primer problema ciutadà, amb 27,4 punts, 6 punts més que al desembre de 2018, és a dir 15 punts d’increment en un any i mig.

L’Òmnibus reflecteix només l’estat d’opinió. No te en compte, com sí fa l’Enquesta de Victimització, el record espontani sobre els delictes que ha patit la ciutadania, l’eix subjectiu de l’equació; i tampoc recull els fets penals coneguts pels cossos policials actuants a la ciutat, que serien l’eix objectiu de la mateixa.

La construcció social de l’estat d’opinió de la ciutadania sobre allò que els anglosaxons anomenen por al crim, sempre es fonamenta en el binomi d’aquests dos eixos.

L’enquesta de víctimització 2018, va posar de manifest l’empitjorament d’algunes d’aquestes dades i indicadors essencials sobre la inseguretat: increment en 5 punts de l’índex global de victimizatció; creixement continuat de l’Ìndex de delictes coneguts; estancament de l’índex de denuncia; empitjorament de la percepció de la seguretat respecte de l’any 2017; i de l’índex de convivència al barris, amb una millora escassa (0,4 dècimes); i, finalment el creixement dels delictes coneguts. 

Si ja era destacable l’increment de prop del 22% de les xifres de fets penals coneguts a la ciutat, en el sexenni, 2013 al 2018, l’increment interanual 2017/2018 s’ha situat en prop del 15%, passant dels 189.419 fets penals als 222.700.

Per si aquestes dades no foren preocupants, a Catalunya el gruix del delictes coneguts es corresponen a petits delictes i furts (41,11 %); pel que fa a Barcelona, aquests delictes representen el 59,76 % sobre el total; i als districtes turístics de la ciutat (l’Eixample i Ciutat Vella) representen el 79,94  % sobre el total en aquests dos districtes.

Calia posar fil a l’agulla. El 15 de juny Ada Colau fou reelegida alcaldessa de Barcelona en coalició amb el PSC i amb el recolzament de tres regidors de la candidatura Valls/Ciutadans.

El 21 de juny, just 6 dies després de la constitució de l’Ajuntament, es feia pública una gran operació conjunta policial (GUB, CME i CNP) en qual van participar al voltant de 1000 agents, contra una màfia paquistanesa que controlava el tràfic i la venda al menut de droga al Raval i s’anunciava als quatre vents el desmantellament total del tràfic de drogues al barri, que els mitjans van poder seguir, pràcticament en directe. La Vanguardia ho anunciava en primera plana.

Aquesta va estar la resposta institucional, i primera mesura, a l’empitjorament de la situació de la seguretat a la ciutat que venien denunciant els partits polítics en campanya.

A la fi, però, no eren més que promeses incomplertes. Fent un cop d’ull a l’hemeroteca es pot comprovar l’activitat policial pel control del narcotràfic s’ha centrat, de manera recurrent, en la pressió sobre els barris, traslladant el problema a d’altres territoris.

L’any 2018 es produïa un operatiu similar contra la màfia dominicana; l’any 2017 la premsa informava sobre les actuacions contra el narcotràfic al Raval; l’any 2015 la premsa avisava sobre els operatius policials i les queixes del veïns de la Mina; l’any 2009 contra una xarxa de pakistanesos anterior a l’actual; l’any 2005 es repetien noticies molt semblants a les dels anys de 2017, 2018 i 2019; etc.

Es tracta d’operatius reactius que responen a pressions polítiques, amb molt de soroll i resultats discrets i amb el consegüent trasllat del problema (venda i consum al detall) a zones menys monitoritzades de la ciutat, confirmant el que ja sabíem: que el negoci de la droga, com la matèria, no es destrueix, es trasllada.

Cap a quin barri es derivi el consum i el comerç de la droga, tant i fa. L’evolució en els propers mesos de les xifres de furts i depredacions als barris turístics de la ciutat, ens indicaran quins efectes ha tingut aquest operatiu en la seguretat general de Barcelona.

Les xifres provisionals sobre la inseguretat en el que va d’any sembla que no milloren, i els responsables polítics de la inseguretat ja han decidit l’estratègia. Davant l’evidència que la ciutadania situa la inseguretat com a principal problema de la ciutat, enlloc de propostes de polítiques i accions preventives, es proposen polítiques reactives: més policia, més operatius contra el top manta, més presencia als carrers, més escarafalls, més comèdia, fixant el focus de la política de seguretat, amb un argumentari senzill amb dos eixos principals: repatriar els menors no acompanyats i eradicar la venda ambulant al carrer.

Les mesures que prenguin no rebaixaran el nombre de fets delictius de manera significativa a menys que baixi la demanda, i ni tant sols faran decréixer el tràfic i el consum de drogues. Com tampoc impediran les ocupacions mafioses d’habitatges escandalosament buits al territori, i molt menys que nens i adolescents fugits dels països s’instal·lin a Barcelona o a la perifèria de la ciutat. En tot cas aconseguiran bastir el vell discurs reaccionari de la por ciutadana a la inseguretat de fa dues dècades enrere.

El territori, la població i el turisme

Les dades manifesten un progressiu increment de les xifres que conformen els índexs sobre la inseguretat a la ciutat des de fa lustres, posant en evidència que, al llarg dels anys, s’han mantingut les mateixes polítiques públiques de seguretat sense tenir en compte que la inseguretat és dinàmica i es basteix amb d’altres variables.

Les dades s’encavalquen en un territori i en una població concretes. Les taxes sobre criminalitat, malgrat calcular-se sobre la població de dret, han de tenir en compte la població flotant o de fet, i en el nostre cas, especialment, el turisme de caràcter massiu.

Calcular el nombre de turistes no és gens senzill. Per poder establir un càlcul més determinant, mancaria tenir dades sobre les pernoctacions informals (habitatge turístic no oficial, etc.), o les que es produeixin en altres ciutats o zones turístiques del territori. Tenim, però, algunes dades que poden servir d’indicadors generals per a fer servir en aquests càlculs. I que poden tenir una incidència important sobre la inseguretat.

A la ciutat, hem passat en 20 anys, de vuit a vint milions de pernoctacions turístiques, i en un període similar, hem passat de sis-cents mil a dos milions de creueristes.

El model de turisme de masses i el procés de gentrificació i de turistificació que aquest ha generat, ha estat un dels principals responsables de l’increment dels preus de lloguer i de la consegüent pressió immobiliària als barris. Aquest model extractiu és responsable de les expulsions de veïnes i veïns de les seves llars, de l’abandonament dels edificis, de la transformació de l’habitatge en HUT’s i hotels, i de les ocupacions mafioses (sense k) transformades en narcopisos, en ocasions amb el beneplàcit de la propietat.

Es un model de turisme que atrau un segment important de visitants d’alt poder adquisitiu que venen a la ciutat a consumir: esdeveniments culturals, gastronomia, moda, comerç, però també que demanden altres articles de consum menys amables, com l’alcohol, les drogues o la prostitució. I que exerceixen aquesta pressió demogràfica en zones històricament estigmatitzades, com és el cas del Raval o la Barceloneta. 

La demanda dispara els preus dels habitatges, però també del alcohol i de les drogues, incrementant el mercadeig al carrer, els riscos d’obtenir productes de pitjor qualitat i el conflicte amb el veïnat.

Aquest model, a l’exposar exponencialment la població visitant en el temps (horaris fixos) i en l’espai (barris amb demanda turística, genera més oportunitats pels furts i de depredacions) davant la manca de polítiques preventives ni reguladores del nombre de visitants que un espai, un barri o una ciutat pot assumir, i té efecte crida sobre la petita delinqüència (i sobre la gran delinqüència i les seves plantilles d’empleats) degut a les possibilitats de negoci que aquesta situació ofereix.

Podem establir una certa correlació entre l’increment de turistes i creuristes a la ciutat i l’increment durant els darrers 3 anys dels furts en els barris especialment turistificats, i es tracta d’una correlació molt més factible que la d’atribuir a menors i manters la causalitat de la inseguretat a Barcelona.

Els principis de proximitat i territori airejats com a solució als problemes de la inseguretat, que es van plantejar a la reforma de la GUB de l’any 2016, van quedar absolutament superats per la proliferació (no prevista ?) d’ocupacions (sense k) d’habitatges buits per grup mafiosos; per l’absoluta manca de previsió de les administracions responsables amb els menors no acompanyats; pels efectes que la crida del turisme massiu està fent sobre la delinqüència; pel model de ciutat que converteix l’habitatge en un producte per a l’especulació; i per la tolerància amb les màfies que renten els seus beneficis invertint en immobles, o que dirigeixen els seus negocis des dels hotels de la ciutat (o des d’un vaixell amarrat en algun dels norais del Port Vell).

L’increment d’aquestes xifres té poc a veure amb l’arribada de menors no acompanyats i amb l’activitat dels manters.

Que la resposta policial (que ha estat, és i serà reactiva) te pocs efectes sobre la delinqüència de carrer de la ciutat, és una evidència. Ho fa palès la pròpia evolució de les dades estadístiques, on es manté un volum constant de delictes a la ciutat per sobre dels 150.000 fets penals coneguts des de fa 10 anys.

Cert és que determinats instruments jurídics (com l’encausament per multireincidència) van ajudar a millorar la situació quan es van aplicar, però no deixen de ser instruments reactius que depenen de la pràctica jurídica i de la jurisprudència i no pas de la voluntat de la policia.

És una obvietat que calen més recursos, però que la situació actual estigui relacionada amb l’increment de població flotant a la ciutat, comença a tenir versemblança.

Malgrat algunes obvietats, el discurs securitari resulta fal·laç, reaccionari i és absolutament ineficient. Les seves propostes ens acosten al vell recurs a la tolerància zero del passat. No soluciona res, però resulta molt eficaç per incrementar la por ciutadana i la perspectiva de bons resultats electorals.

Sobre el autor

Profesor colaborador en la asignatura Ciudad, inseguridad y conflicto del Máster Universitario de Ciudad y Urbanismo. Licenciado en Historia General y Geografía, y máster en Política criminal y servicios sociales. Departamento de Interior, Generalitat de Catalunya. Linkedin

Comentarios

Deja un comentario