Cultura Política y gestión “pública” de la seguridad

Es bien sabido que no en todos los países podemos afirmar que la seguridad sea entendida del mismo modo. De hecho, la aproximación al concepto y las subsiguientes políticas de seguridad difieren notablemente entre países e incluso podemos decir que entre sensibilidades ideológicas. La participación de las instituciones públicas en las políticas de seguridad se ven afectadas por esas lecturas de la realidad, bagajes culturales, ideológicos, históricos y sin duda coyunturales. A su vez, las aproximaciones estratégicas en seguridad y los aspectos organizacionales  de los operadores de la seguridad, ya sean en el ámbito policial o en otros también sufren de estas percepciones en el momento de ser planificadas y ejecutadas.

Para construir un perfil más o menos reconocible de cuál es el modelo social, político y finalmente de seguridad nos podemos fijar en muchos aspectos. Para citar algunos brevemente podríamos hablar del sistema sanitario, la robustez del sector público, la política impositiva, el modelo de bienestar social, las políticas medioambientales o el grado en que el sector privado o la ciudadanía participan en estas políticas.

En relación a este grado de participación del sector privado y la sociedad civil en el ámbito de las políticas públicas en seguridad, aunque aplicable a otros ámbitos, es interesante discutir dos fenómenos que, en tiempos de crisis, han conseguido cierta relevancia.

En primer lugar, un concepto que se está popularizando estos últimos años, el public & private partnership (PPP) que en el ámbito de la seguridad puede traducirse de muchos y diversos modos. Por ejemplo en el ámbito de la vigilancia en edificios, zonas residenciales, o en espacios de uso colectivo como los transportes públicos o grandes infraestructuras. También encontramos esta colaboración en la seguridad de grandes corporaciones, conglomerados industriales y económicos. Para justificar el fenómeno se alegan diversos motivos; unos recursos financieros limitados, cambios en las tecnologías de la información (un ámbito de nueva criminalidad) o la privatización de grandes esferas o dominios económicos, refiriéndose en este caso a las grandes infraestructuras de uso público pero que se encuentran en manos privadas.

En segundo lugar, y en ese mismo ámbito de acción pero en un plano diferente, encontramos procesos en los cuales la seguridad pasa no solo a manos de compañías privadas especializadas y en colaboración con la policía sino también pasa por procesos en los que el ciudadano tiene una parte participativa en su propia seguridad. A partir de una mala interpretación del concepto de coparticipación o autoprotección se puede llegar a aceptar como parte de las políticas de seguridad que la ciudadanía participe de ella. Estamos hablando en parte de los conocidos sometents en Cataluña (patrullas de vigilancia, principalmente rural, por parte de civiles) o incluso podríamos citar los neighbourhood watch de carácter más urbano y en el ámbito anglosajón.

Para muchos, esta situación es inevitable y alegan aspectos de capacidad, recursos y eficiencia de las administraciones. Sin duda, aspectos pragmáticos como los recursos disponibles pueden alegarse como incluso más importantes que el de las percepciones, ideología o bagaje cultural o histórico pero, ¿son los recursos disponibles los que determinan en que políticas y actores se invierte o la sensibilidad con la que nos aproximamos a un problema? Para contestar esta pregunta es preciso resolver cual es la sensibilidad ideológica y la cultura política imperante en la clase gobernante en el ámbito de la seguridad.

Este ejercicio podría hacerse desde diferentes perspectivas:

La primera podría centrarse en aspectos culturales o históricos entre países. Aquí por ejemplo podríamos hablar de la cultura anglosajona y la continental europea. Con dos aproximaciones sustancialmente diferentes, ya sea en relación a la colaboración con el sector privado y con la participación de la ciudadanía en su propia protección. Mientras que el continente pone preferentemente en manos de la administración todo uso de la fuerza y la coacción, impidiendo y evitando la cesión de la soberanía en este ámbito, en el mundo anglosajón la participación ciudadana y de los operadores privados es mucho más intensa[1].

Otro enfoque, ya más centrado en cada uno de los países son las sensibilidades ideológicas. Un buen ejemplo de la diferencia que puede representar la aproximación ideológica a las políticas de seguridad nos lo da Francia. Un país con una fuerte cultura en políticas de seguridad pública. Concretamente se puede citar la experiencia de los años 90 en relación a la policía de proximidad. Francia es el paradigma de centralización y el alejamiento de lo que se puede llamar como policía asistencial, es decir, que no asume responsabilidades que van más allá de las estrictamente de lucha contra la criminalidad o de mantenimiento del orden público. En los años de gobierno de Lionel Jospin, en los 90, se intentó romper con esa lógica e impulsar lo que se llama la policía de proximidad, que implicaba la asunción de más atribuciones que las estrictamente tradicionales para la policía y una mayor participación de la ciudadanía en aspectos de autoprotección y cooperación. A los pocos años, y con los cambios de gobierno que finalizaron con Nicolás Sarkozy como ministro del Interior, estas políticas fueron completamente eliminadas. Sin duda, la razón última no era la cuestión económica, sino la ideológica.

Ahora, y para citar una experiencia más cercana, ¿qué podemos decir de Cataluña? Es un caso singular por muchos motivos. Los principales son, una policía con una experiencia contrastada pero que podemos decir que es de nuevo cuño (finalizó su despliegue territorial en el 2008), una sociedad civil que siempre ha visto con recelo la autoridad política, y más si va acompañada de instrumentos de coacción, y finalmente una clase política sin una experiencia en el ámbito de la seguridad y que en muchos casos comparte ese histórico recelo ya mencionado de la sociedad catalana, no tanto hacía la autoridad, sino hacía los instrumentos coactivos.

En mi opinión, ya sea por factores sociológicos, históricos o políticos, aún no hay consolidada una cultura de la seguridad en nuestra clase política. Esto puede provocar aproximaciones erráticas por ejemplo en el caso de los sometents en Cataluña. La tradición en seguridad pública de Cataluña, aunque breve en el tiempo y aún en proceso de crear un núcleo potente de académicos que la alimenten, no da por bueno el hecho de delegar en la ciudadanía su propia seguridad. Sin duda, conceptos como coparticipación y autoprotección están presentes en un modelo integral de seguridad como el catalán, pero en ningún caso entendidos como una renuncia de las propias obligaciones de los operadores de la seguridad.

En el caso de la PPP, aquí las fronteras son más difusas ya que las variables son muchas. Pero de todos modos, creo que hay fronteras que no deben cruzarse. No creo conveniente ejércitos de vigilantes privados con tareas múltiples. Y solo para citar un ejemplo, hacer referencia a cómo está organizado el transporte de presos en el Reino Unido. Los ingleses, con mucha más experiencia, utilizan un modelo de compañías privadas controladas por una agencia estatal, la NOMS (Nacional Offender Management Service). Este modelo se reproduce en otros muchos ámbitos, como en el de prisiones.

Sin duda, el tiempo y el ejercicio de responsabilidades en el ámbito de la seguridad pública, irá modelando en estos aspectos a nuestros responsables políticos. Pero por el momento, el diseño de nuestro modelo de seguridad ha estado más en manos de los profesionales de la seguridad entre los cuales encontramos policías, académicos y técnicos. Esto no es forzosamente ni bueno ni malo, pero sin duda, no es bueno quedar sujetos a decisiones que pueden ser más coyunturales que de fondo y de modelo en políticas públicas.

De todos modos, y si sirve de consuelo, estas son unas incongruencias que no solo se dan en Cataluña.

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[1] Ballbé, M. y Martínez,R. (2003) Soberanía dual y constitución integradora. Ariel Derecho. Barcelona