El derecho a la vivienda en la ciudad metropolitana

2 marzo, 2019
Foto: Campaña Amnistía Internacional

El derecho a una vivienda digna y adecuada constituye uno de los pilares fundamentales del derecho a la ciudad. 


Siendo el derecho a la ciudad un derecho colectivo, con muchas más implicaciones que la suma de distintos derechos, no resulta sencillo desgranar los ámbitos que lo configuran. Por ello, es imprescindible contextualizar las políticas residenciales en el marco más amplio del derecho a la ciudad y sus múltiples vertientes, y considerar las metrópolis como espacios de garantía de derechos.

En la última década se han vivido procesos de financierización del suelo y la vivienda con fuertes impactos en el derecho a la vivienda (Rolnik, 2018). No pocos países han sufrido la burbuja inmobiliaria y la crisis financiera tras su estallido, que ha sido especialmente grave en los países del sur de Europa. En los últimos años, nuevos ciclos de inversión inmobiliaria están transformando las ciudades y generando fenómenos como la gentrificación o el turismo masivo.Estas dinámicas actuales responden a un patrón compartido en varios lugares del mundo, especialmente en metrópolis globales, en cuyos mercados de la vivienda participan tanto agentes locales como grandes inversores internacionales que contribuyen al alza de precios.

El encarecimiento de la vivienda aumenta el esfuerzo económico de los hogares y la tasa de sobrecarga, multiplica los desahucios e incrementa la segregación espacial en el territorio. Los efectos en las mujeres son especialmente acuciantes, más expuestas a la inestabilidad y la precariedad. A estas problemáticas cabe añadir discriminaciones que persisten, las elevadas cifras de personas sin hogar, los asentamientos informales, los barrios marginales y la difícil emancipación de las personas jóvenes, entre muchas otras dificultades residenciales.

Sin querer hacer un relato fragmentado, podemos identificar cuatro problemáticas principales en materia de vivienda en el ámbito metropolitano:

1) La ausencia de datos e informaciones sobre vivienda.
2) La falta de vivienda asequible para amplias capas de la población.
3) La dificultad de gestionar la emergencia habitacional.
4) La inseguridad en la tenencia y la desregulación del mercado inmobiliario.

Estos cuatro elementos cuentan con distintos puntos de partida en cuanto a la adopción de una lógica metropolitana. Mientras que la recolección y elaboración de datos empieza a caminar gracias al impulso de varios observatorios metropolitanos de la vivienda y la introducción de límites al sector privado se aborda en algunas metrópolis, la gestión de la emergencia y las medidas relativas al aumento del parque público de viviendas responden hoy en día a ópticas mayormente municipales. Dependerá en cada caso del tipo de gobierno metropolitano existente, sus competencias, nivel de coordinación o entes creados a tal efecto.

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Extraído de los materiales preparados por la autora para el curso de Gobernanza metropolitana, organizado por el Programa de Ciudad y urbanismo y Metrópolis, Asociación Mundial de las Grandes Metrópolis

Material completo disponible en el Repositorio Institucional de la UOC. http://hdl.handle.net/10609/91326 

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Autor / Autora
Licenciada en Ciencias Políticas y de la Administración (Universidad Pompeu Fabra, estancia en Sciences Po Paris) y graduada en Derecho, con máster de Abogacía (Universidad de Barcelona). Especializada en derechos humanos y derecho a la vivienda y la ciudad, actualmente es directora del Observatorio de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (ODESC).
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