Justicia espacial y políticas de atención a los barrios

13 septiembre, 2016

En las grandes ciudades la cohesión social y territorial es un objetivo fundamental en la calidad de vida ciudadana y para el equilibrio del sistema de sistemas que es una ciudad. El desarrollo humano y local debe asentarse en estos dos ámbitos principales.

Para ello el paradigma de la gobernanza se sustenta en la gestión de las redes internas de actores, desde unos valores y objetivos del gobierno local -como actor legitimado en democracia-, que debe conducir esta red de actores interna y externa; con otros niveles de gobierno, redes de ciudades e inversores.

En este primer cuarto de siglo XXI las urbes deben responder a la mundialización y a los procesos de integración regional como la europeización o el Mercosur en Latinoamérica. La libertad de movimientos de los capitales, las mercancías y las personas tienen impactos positivos y negativos en términos socioeconómicos y políticos en los barrios metropolitanos que deben ser gobernados democráticamente1.

A pesar de que un instrumentos fundamental como la fiscalidad está en manos de los estados, en ciudades con autonomía y suficiencia financiera es posible trabajar con el objetivo de justicia espacial, y en todo caso la voluntad y el liderazgo político local debe buscar la minimización de los costes socioeconómicos y la maximización de los beneficios sociales, políticos e intangibles. Poniendo el acento en el impacto de estos procesos en los barrios. Nel·lo (2015, pàg. 92)2 expresa:

Cualquier política redistributiva tiene que tener en cuenta que, junto a la obtención de ingresos y de servicios necesarios -los recursos materiales-, y de recibir la formación y los conocimientos adecuados -el capital social-, toda persona tiene que poder vivir en un en un entorno digno y saludable”.

No sólo es necesario evitar la concentracion de la población con menor nivel socioeconómico y cultural en determinados barrios con un mercado de la vivienda más accesible, una población a menudo procedente de la inmigración, sino que en positivo se pueden implementar políticas integrales y que apelan a la cooperación intergubernamental: de mejora de la proximidad en el microurbanismo, de construcción de equipamientos y espacios públicos de calidad con la atención a los colectivos con mayor riesgo de exclusión social y de exclusión del derecho a la ciudad (Lefebvre, 1968)3.

La situación en Latinoamérica por su distinta estructura social, urbanística y realidad socioeconómica, en muchos casos acentúa los problemas de justicia espacial en las ciudades. Por la difusión en el hacer ciudad, por la construcción de nuevos barrios en mancha de aceite sin las infraestructuras necesarias, por las dificultades financieras de sus gobiernos locales, por sus distintas culturas políticas -factor clave para vigorizar los movimientos sociales urbanos-, etc. Aquella realidad atribuye, si cabe, más prioridad en la agenda urbana a la cohesión territorial y a la justicia espacial.

En los barrios de las grandes ciudades estallan los problemas sociales y económicos: el encarecimiento de la vivienda, la gentrificación, los costes del desarrollo local enfocado desde el prisma mercantil, y en ellos se expresan para Sassen4 (2010) el nuevo conflicto político entre la clase corporativa de las grandes empresas y los movimientos sociales, formados por los hijos empobrecidos de la clase media y la inmigración. Ese conflicto se refleja en la polarización social y territorial de las urbes.

La gobernanza, pues, afronta dos aspectos cruciales derivados de la mundialización: la inmigración y el auge del turismo, y sus externalidades negativas; la concentración en determinadas áreas de la ciudad, el auge de precios, la dificultad de acceso a la vivienda, etc.

Otro reto actual se expresa en términos de amenaza a la convivencia y seguridad en los barrios más desfavorecidos y en las ciudades no sólo europeas o norteamericanas, -sino también en urbes globales como el Río de Janeiro olímpico- son los riesgos de atentados por parte de grupos de extremismo ideológico -yihadista, de la extrema
derecha, etc.-.

El abordaje integral de la seguridad, además de la geopolítica internacional, requiere de una política espacial urbana, de atención
a los barrios más vulnerables. Algunos de los grupos extremistas que reclutan personas para cometer atentados como Daesh tienen sus focos
más importantes en municipios o barrios deprimidos de las áreas metropolitanas, como Molenbeek de la región capital Bruselas.

Sin embargo, y como fruto de una buena gestión y visión, a pocos kilómetros de la capital belga, en la ciudad de Malinas, con una composición demográfica que podría parecer proclive al conflicto y
a la inseguridad, la actuación coordinada de su alcaldía, educadores sociales y la polícía local ha conseguido una integración notable de los colectivos de segunda y tercera generación; hijos y nietos de la inmigración5.

Las políticas locales son claves para la justicia espacial y para la seguridad en el sentido más amplio, como fuente de sostenibilidad, expectativa de futuro y bienestar. Ya sabemos del poder preventivo de las políticas de espacios, servicios y equipamientos públicos para evitar la segregación social, económica y educativa, entre otras.

Nos detenemos ahora, en una política del Gobierno de la Generalitat de Catalunya, desde 2003 hasta 2011; el programa de la Ley de Barrios. Trataba de proteger los barrios más vulnerables de las ciudades catalanas por medio de políticas interdepartamentales (territorio, vivienda, bienestar social, participación, etc.) y se implementaba en alianza con los Ayuntamientos, en el plano técnico y cofinanciado al 50%.

El programa contaba con actuaciones de microurbanismo, apoyo a la convivencia, a la inserción laboral de los colectivos con más dificultades y a la dinamización comunitaria. Se trataba de volver a apoyar a los barrios que ya habían recibido el grueso de la inmigración interna, del Estado español, en los años 1950, 1960 y primeros 70s6 y que volvían a recibir, desde el 2000, un fuerte crecimiento inmigratorio de población de países externos a la Unión Europea.

Pretendía evitar, de manera proactiva y preventiva, un nuevo enquistamiento de déficits urbanísticos y socioeconómicos y la consiguiente segregación social de los ‘nuevos catalanes’ hijos de la inmigración; pretendía ofrecer la misma calidad de ciudad a todo el espacio urbano y fortalecer la igualdad de oportunidades.

La calidad de un barrio, su conectividad en las redes de movilidad, su paisaje urbano, determina las oportunidades de sus habitantes7. El programa de la Ley de Barrios, también trataba de anticiparse y evitar lo que estaba sucediendo en los primeros años 2000 en las banlieues de París (estallidos de violencia, quema de coches, protestas de las sucesivas generaciones hijas de la inmigración magrebí, etc.).

Los cambios políticos y la crisis económica detuvo la implementación del programa de la Ley de Barrios catalana, en 2011. Justo en el año en curso, el Ayuntamiento de Barcelona ha anunciado la implementación de un Plan de Barrios8 que sigue algunas de las directrices fundamentales del programa de la Ley de Barrios catalana. E introduce innovación como la coproducción de las políticas con los actores sociales de los barrios, en la línea del apoderamiento social y ciudadano como signo distintivo del nuevo tiempo político en muchas ciudades mediterráneas y del sur europeo9.

Los esfuerzos locales son imprescindibles pero no son suficientes. Los niveles de gobierno estatales y supraestatales que tienen la capacidad soberana de legislar y autoridad sobre fiscalidad, deberían promover la calidad de vida de las ciudades y de sus barrios, con apoyo financiero y legislativo.

No sólo es necesario por la intensidad del proceso de urbanización, muy notable en Latinoamérica, sino porque muchos de los retos más importantes que la humanidad afronta como el cambio climático y la seguridad, tienen su principal campo de batalla en las ciudades y en sus barrios más vulnerables. Es tiempo de ciudad inteligente; de invertir y promover la justicia espacial urbana para evitar mayores costes de todo tipo en el futuro.

@josepxurigue

Notas

1
Los barrios son el espacio de nexo entre las relaciones próximas,
primarias, familiares y el anonimato de la ciudad. La calidad de
vida, la capacidad de relación de las personas depende de las
políticas de atención integral en los barrios. La ciudades de la
mundialización tienen el reto de conservar las identidades, los
estilos de vida y el paisaje urbano de la proximidad.

2
Nel·lo, O. (2015). “Cap a
la política espacial”. La reconstrucció de la política, núm.
210, any 54. Fundació Nous Horitzons. Quim Brugué (coord.).
Barcelona, pp. 92-96.

3 Lefrebve, H. (1968). Le Droit à la ville. Paris: Anthropos (2a ed).

4
Sassen, S. (2010). Territorio, autoridad y derechos. De los
ensamblajes medievales a los ensamblajes globales. Argentina: Katz.

5
Este éxito de la política espacial en esta ciudad belga, contrasta
con la voluntad de algunos estados como Alemania y Holanda, que en
los últimos años han recentralizado las políticas de integración,
intensificando el émfasis en el control, en detrimento de la
atención a los colectivos más vulnerables y de origen en la
inmigración.

6
Los primeros ayuntamientos democráticos
en el área metropolitana barcelonesa, desde 1979, habían revertido
los distintos déficits heredados de la dictadura franquista.

7
Los análisis de la profesora Alícia
Ziccardi para ciudad de México, en los últimos años, ponen de
relieve las escasas oportunidades de los habitantes de algunos de
los nuevos barrios construídos.

8
Como explica su director, Tonet Ferrer, el
Plan de Barrios barcelonés quiere actuar sobre las emergencias
existentes y con acciones de alcance estratégico también:

http://www.paisajetransversal.org/2016/06/pla-de-barris-barcelona-revertir-desigualdad-tonet-font-regeneracion-urbana-integrada-participacion-ciudadana-urbanismo-interdepartamentalidad.html?utm_source=twitter.com&utm_medium=social&utm_campaign=buffer&utm_content=buffer92044

9
En este tiempo político en que los movimientos sociales solidarios, vecinales, ambientales, por el derecho a la salud y a la educación tienen en los barrios su origen y espacio para fortalecer, de abajo a arriba, la democracia (local).

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Autor / Autora
Profesor colaborador en la asignatura Gobierno local e innovación del MásterUniversitario de Ciudad y urbanismo de la UOC.
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