Transformar las políticas públicas de seguridad

7 diciembre, 2020 Foto: Lois Stavsky/Flickr

Un modelo de seguridad y convivencia para un escenario no securitario


Este post recoge las propuestas finales de la ponencia marco «La convivencia, la inseguridad y el conflicto: un estado de la cuestión», presentada por el autor en el  Fòrum veïnal sòbre cònvivencia i seguretat, organizado por la Federació d’Associacions de Veïnes i Veins de Barcelona, celebrado el 14 de diciembre de 2019, en el CCCB de Barcelona.

Desde que Robert Peel pusiera las bases del modelo comunitario de policía, muchas han sido las voces que han trabajado por la renovación de las políticas públicas de seguridad. El resultado, hasta la fecha, ha sido bastante desolador. Pero en el momento actual las voces por un cambio, a nivel internacional, es más que manifiesto.

La situación de la pandemia mundial pudiera llevarnos a pensar que gran parte de los acontecimientos que suceden en el ámbito de la seguridad se producen como consecuencia de la misma. Pero no es así. La pandemia actúa como un amplificador de la desigualdad y un multiplicador del conflicto, pero mucho antes de la devastación que ha supuesto la COVID19 a nivel global, la deriva de los estados hacia modelos autoritarios hace mucho tiempo que se ha iniciado.

El incremento del conflicto en muchas ciudades y capitales del mundo en los últimos años y, especialmente, en los últimos meses, ha puesto en evidencia que no es posible abordar la resolución de esos conflictos como simples problemas de orden público. El origen de esos conflictos tiene hondas razones políticas, sociales y económicas que van mucho más allá de que lo convencionalmente definimos como disturbios o como inseguridad callejera.

En muchos países se ha puesto de manifiesto como las actuaciones policiales para contener la criminalidad común se realiza a través de la aplicación de procedimientos operativos que poco tienen que ver con el espíritu de las leyes que los legitiman: se producen situaciones injustas, detenciones ilegales, personas heridas, palizas y víctimas mortales.

El modelo policial actual se justifica en la lucha contra el delito y en el mantenimiento del orden público. De hecho, sin embargo, se trata de un modelo altamente ineficaz e ineficiente en su lucha contra la criminalidad sistémica, con cientos de miles de delitos comunes sin resolución que se acumulan cada año en las páginas de las estadísticas.

En cambio, los recursos públicos se invierten en instrumentos para el control social de la ciudadanía: económicos, materiales y humanos y estructuras policiales y judiciales, para garantizar la propiedad privada y para acelerar la lucha contra la contestación social y política y no para prevenir el delito.

Y finalmente, están las razones corporativas y el miedo de los decisores políticos a enfrentarse con las estructurasdel llamado estado profundo y a la “warfare”.

Tanto el abordaje del conflicto como el de la criminalidad han sido diseñados para garantizar el “statu quo”, y contener la criminalidad sistémica en un el nivel suficientemente soportable para el mantenimiento del sistema. Un sistema que se sostiene sobre tres ejes de dominación: el capitalismo neoliberal, el racismo y el heteropatriarcado. Y esa es una realidad que debe ser modificada. Si antes de la pandemia, se hacia necesario un cambio de paradigma sobre seguridad, la explosión de la desigualdad y la expansión de la pobreza actuales, exigen ese cambio.

La entrada del conflicto en la red del Sistema de Justicia Criminal dificulta, cuando no imposibilita una salida política al mismo. Cuanto más alejemos el conflicto social y político del ámbito policial, más se alejará del ámbito judicial.

Para ello, hay que apostar por un modelo comunitario, unficando estructuras, descentralizando servicios y creaando órganos de control externo a los cuerpos policiales, con capacidad de inspección y evaluación de su actividad, supeditando la actividad de las unidades especializadas (investigación criminal, orden público, tráfico, etc.) a las necesidades para la prevención de la criminalidad y la garantía de la seguridad ciudadana.

Pero no es posible formular una propuesta alternativa al actual modelo de seguridad (y por tanto de los mecanismos y estructuras que de él dependen: el trinomio policía / justicia / prisión), sin:

Redefinir los parámetros con los que medimos la inseguridad (análisis de datos). Las administraciones utilizan casi exclusivamente los resultados de las encuestas de opinión para tomar decisiones con carácter reactivo sobre políticas públicas de seguridad. Vg. las redadas contra los distribuidores de drogas, que finalizan en poco más que con unos cuantos expedientes administrativos de inmigración irregular, o en nada. Hay que dejar de relacionar ambas realidades de manera mecánica y plantear otros indicadores alternativos.

Reformar el marco legislativo (principios rectores constitucionales y leyes reguladoras) La judicialización del conflicto social y político criminaliza el derecho a la protesta, a la disidencia, a la manifestación y a la ocupación del espacio público. La aplicación de la ley persigue acabar con la contestación social. Hoy día, y en decenas de países, hay cientos de personas investigadas, encausadas penalmente y sancionadas administrativamente, por protestar contra los gobiernos, por participar en la resistencia a los desahucios o por manifestarse contra el encarcelamiento de las represaliadas políticas.

Modificar las estructuras de estado que conforman el Sistema de Justicia Criminal (justicia / policía / prisión). El endurecimiento de los procesos penales y la aplicación sistemática de los principios del populismo punitivo buscan el castigo y no la reparación que la ley establece. Hay que sustraer al Sistema de Justicia Criminal la exclusividad la defensa y garantía de los derechos de los ciudadanos, desarrollando medidas y mecanismos alternativos de participación popular y modelos de prevención no exclusivamente policiales.

Descriminalizar la conflictividad social.  Para descriminalizar el conflicto, es necesario desarrollar instrumentos de participación y de toma de decisiones de carácter vinculante que empodere a la ciudadanía, sustrayendo la gestión del mismo a los operadores del Sistema de Justicia Criminal.

Hay que garantizar que las políticas públicas de seguridad tengan en cuenta otras variables como el género, la estructura económica o el desarrollo social de las personas. Hay que situar el foco de la prevención de la inseguridad en las víctimas y no en los victimarios.

Desarrollar un modelo de seguridad alternativo El reconocimiento de los movimientos ciudadanos como actores con carácter decisorio y vinculante, es la clave de bóveda para el desarrollo de un modelo de seguridad pública alternativo. Hay que abrir la gestión de la seguridad a otros actores y desarrollar un modelo de gobernanza comunitaria para que las políticas públicas de seguridad y convivencia no recaigan exclusivamente en los cuerpos policiales.

Hay que integrar a todos aquellos actores con responsabilidades social en el abordaje y la mejora de la convivencia y de la inseguridad (desigualdad, pobreza, reinserción social, salud, servicios sociales, seguridad, emergencias y justicia), organizados en un sistema integral de gobernanza comunitaria.

Redefinir el modelo policial y reformar los cuerpos policiales La creación de este sistema integral de gobernanza comunitaria de las violencias y la inseguridad debe de servir para redimensionar los servicios policiales – ajustar su organización a las necesidades sociales, redistribuir efectivos y eliminar los servicios que no estén destinados a la garantía de la convivencia y los derechos de la ciudadanía. De este modo, sería posible estructurar un modelo comunitario de policía en el que todos los servicios estén a disposición de los problemas de la comunidad.

 

Autor / Autora
Vicens Valentin
Profesor colaborador en la asignatura Ciudad, inseguridad y conflicto del Máster Universitario de Ciudad y Urbanismo. Licenciado en Historia General y Geografía, y máster en Política criminal y servicios sociales. Departamento de Interior, Generalitat de Catalunya.
@vicensv, Linkedin
Comentarios
Deja un comentario