Urbanismo: un campo de batalla

Hoy leo en los periódicos que la concejala de Nou Barris de Barcelona, ​​una zona donde la gran mayoría se población trabajadora, no admite que la audiencia pública se realice en un local o espacio dónde quepa todo el mundo. Es decir todas las personas que previsiblemente quieren asistir. La señora Rognoni quiere hacerlo en una sala donde no caben más que 99 personas. Hay que decir que en Nou Barris viven cerca de 180.000 ciudadanos, que el tejido social es muy fuerte y la tradición de lucha, desde finales de los años 60 ha sido, como dice la canción de Raimon, sorda y constante. La concejala de CiU no ha admitido la propuesta de los grupos municipales de la oposición y de las asociaciones. La audiencia pública es que los gobernantes expliquen y escuchen y los asistentes pregunten, apoyen, critiquen y propongan. Es decir es menos que una consulta. La señora Rognoni no está cualificada para defender “el derecho a decidir”.

Generalicemos un poco. En los últimos 30 años se ha practicado una destrucción sistemática del territorio. Se han priorizado las urbanizaciones difundidas en las periferias y en medio de la nada y se han hecho las obras públicas funcionales para facilitar la urbanización sin ciudad (urbanalización como dice el geógrafo Francesc Muñoz). Se ha especulado en las ciudades existentes en los procesos de reconversión de áreas industriales, ferroviarias o portuarias o en los centros históricos, para excluir a menudo a los sectores populares sustituidos por clases medias y altas (gentrificación). Se ha derrochado suelo y agua, se ha promovido una ocupación insostenible del territorio, se ha producido más segregación social, se ha estropeado gran parte del litoral y muchas zonas de montaña. Evidentemente no todo ha sido así, como por ejemplo la Ley de barrios que promovió el geógrafo Oriol Nel.lo o la política ambiental y la nueva cultura del agua del que fue consejero del tripartito, Salvador Milà. Han sido más las excepciones que la regla. Algo ha fallado en nuestra supuesta “democracia”.

Un periodista, jefe de comunicación entonces de CC.OO, me preguntó si había un urbanismo de derechas y otro de izquierdas. Respuesta: el urbanismo es siempre de izquierdas, la especulación es de derechas. El lector pensará con razón que es una respuesta provocadora, que nos guste o no, se hace mucho más urbanismo de derechas, con las leyes en la mano, los planes aprobados por las administraciones públicas y los proyectos realizados por profesionales colegiados y debidamente visados. Hay un urbanismo que no piensa en lo que más conviene al país y a la mayoría de la población pues prioriza el negocio inmediato. Es cierto pero no se puede considerar urbanismo. Un médico cirujano que se dedicara a matar a sus pacientes, diríamos que hace de médico? Consideraríamos que hace el deber de médico el que se niega a hacer un aborto en un hospital clínico y en cambio los hace en una clínica privada? El industria farmacéutica que abandona la investigación o la producción de enfermedades que afectan a menudo a una parte mayoritaria de la población del mundo para dedicar sus cuantiosos beneficios pagados por los ciudadanos a investigar y producir cosméticos, diríamos que cumple la más elemental función social?

El urbanismo nació para resolver problemas presentes y mejorar el futuro de las ciudades y por extensión del territorio humanizado. El objetivo inmediato del urbanismo es ordenar la ciudad y su desarrollo a fin de que todos los ciudadanos puedan acceder por igual a los bienes y servicios de uso colectivo, vivienda, transportes, espacio público, mercados, instalaciones sociales, educativos, culturales y sanitarios, seguridad pública, etc. Para que este objetivo sea posible sabemos, desde los economistas clásicos hasta la cultura urbanística moderna, que es necesario que el sector público imponga unas normas que limiten la función del mercado, debe controlar el suelo y el sector financiero y ha de regular y gestionar en gran parte los servicios que se consideren universales, es decir los a que todo el mundo debe poder acceder. Por tanto, el urbanismo es una disciplina inevitablemente política que, al llevarla a la práctica, tiene idealmente dos dimensiones. Una dimensión técnica que formaliza las actuaciones a ejecutar. Y una dimensión política que supone tomar posición entre los diferentes actores e intereses, escuchar prioritariamente a las mayorías populares y asumir una función transformadora o mejor dicho una vocación de reforma social. La cuestión previa no es cumplir mecánicamente con la legalidad. Es previo definir los objetivos democráticos del urbanismo y buscar o, si es necesario, inventar los objetivos adecuados. No es el caso ahora.

Hoy es más fácil entender lo que ha pasado. El capitalismo financiero ha encontrado en el territorio urbanizado, principalmente en España y Estados Unidos pero también en muchos otros países, una fuente que parecía inagotable de acumulación de capital. Es decir generar dinero con dinero y la producción de un bien era derecho sobre o incluso innecesario. Hacer dinero mediante dinero, es decir la especulación, tiene como condición final reducir los ingresos de los trabajadores productivos como ya expuso Marx. Los agentes operadores son los propietarios o de suelo, los promotores y los constructores, pero lo que pone en marcha y alimenta la máquina es la financiación. Para hacerlo necesita la complicidad del marco político y jurídico: legislación hipotecaria y regulación de los créditos a la baja, ausencia de control del sistema bancario, urbanismo permisivo (legislación del “todo urbanizable” o casi del gobierno Aznar en 1997), complicidad de los gobiernos locales que legalizan las operaciones finales, etc. Hay otros cómplices indispensables o muy útiles como los profesionales y los medios de comunicación. Hay que decir que los organismos económicos internacionales (World Bank, FMI, Banco Central europeo, etc.) Han aplaudido durante años la locura especulativa. Incluso el Banco Mundial en su informe de 2009, en plena crisis del boom inmobiliario, consideraba la urbanización difusa y al margen de la ciudad como uno de los indicadores principales de desarrollo económico.

Las instituciones del Estado español, incluidas las comunidades autónomas y muchos ayuntamientos, han participado activamente en esta carrera especulativa. Y ahora aplican las políticas de recortes y de reducción brutal de los salarios y de los servicios destinados a las clases populares y gran parte de las clases medias. Difícilmente cambiarán de orientación ya que supondría enfrentarse con el bloque financiero-empreserial del cual son cómplices y reformar radicalmente el marco político-jurídico que ha facilitado el boom inmobiliario y la financiarización de la economía urbana. Por lo tanto los cambios solo podrán venir de un conjunto de movilizaciones como las que ya existen y que converjan en unos objetivos básicos compartidos. Nos referimos a experiencias, algunas de aquí o de países diversos como la Plataforma de Afectados por la Hipoteca, las ocupaciones masivas de pisos vacíos, el boicot a los bancos y el desarrollo de la “banca ética”, la constitución de cooperativas, las campañas para neutralizar la especulación del suelo mediante la política fiscal y el planeamiento urbanístico, etc. Es decir prácticas de desobediencia civil que, para ser viables, requieren un fuerte apoyo social y argumentos políticos y jurídicos.

Volvemos al inicio. La concejala de CiU quiere una audiencia pública con muy poco público. No es difícil adivinar que las asociaciones y los colectivos activos de Nou Barris son una muestra representativa de las movilizaciones populares con más historia de lucha y con más densidad de ideas críticas y de objetivos políticos alternativos. Su comportamiento nos dice que la derecha catalana, cuando defiende el derecho a decidir, pretende decidir aquí las mismas o muy similares políticas que hace la derecha española en la capital del Estado. Para obtener una cuota de poder les va bien que, de vez en cuando la gente, en días señalados, se desbrave para mantener la tensión pero no nos engañemos, quieren cambiar para que nada cambie. La independencia sin una movilización popular y una fuerza articulada de las izquierdas puede ser un paso hacia el lado, ni adelante ni atrás. No lograremos la independencia sin acabar primero con el régimen político español. Y lo mismo sucede con la transformación socioeconómica. Hay demasiados lazos con España. Una Cataluña independiente o confederada necesita encontrar un nuevo liderazgo político en España que supere el bipartidismo conservador que nos ha traído hasta aquí, al fondo del pozo.

Jordi Borja, 13 julio 2013